Este martes por la noche 39 internos del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, se encerraban en la
terraza del edificio al grito de "libertad" y "dignidad", y
permanecían allí más de once horas. Este suceso ha reactivado la polémica en
torno a estas instalaciones. Operativos en España desde el año 1985, son
numerosas las voces que solicitan el cierre de estos centros. Las denuncias
sobre la opacidad con la que se gestionan y las condiciones en las que viven
los inmigrantes son constantes (Jordi Evole lleva años intentando conseguir acceso a uno de ellos).
Djybi Edao estuvo encerrado más de un mes en un centro de internamiento de extranjeros por un único motivo: no tener papeles. Treinta y dos días fue privado de libertad, durmiendo con desconocidos en un cuarto de literas y un contacto con el exterior que se reducía a visitas de media hora. “Aquello es una cárcel”, dice por teléfono el joven senegalés sobre el centro de Zapadores, donde estuvo recluido. A pesar de todo, puede considerarse afortunado, porque su orden de expulsión no llegó a ejecutarse y continúa en Valencia, donde reside desde hace cinco años, cuando llegó a España.
Los CIE son
recintos donde los inmigrantes aguardan su expulsión. La ley solo permite
mantenerlos un máximo de 60 días. Si en ese tiempo no han sido devueltos, quedan
en libertad. En España quedan siete CIE abiertos: Algeciras, Madrid, Las
Palmas, Barcelona, Murcia, Valencia y Tenerife. Hubo dos más, Fuerteventura y
Málaga, pero ya han sido cerrados.
Aunque en
los CIE hay internadas 7.000 personas, el número que cada año pasa por ellos es
muy superior, pudiendo llegar a duplicare esta cifra. Tan solo la mitad de ellos es expulsada, la
otra mitad termina quedándose en España. Es algo que se repite año tras
año. El Gobierno sabe perfectamente que todos los inmigrantes irregulares que
son recluidos en los CIE del Estado no van a ser deportados porque no tiene
capacidad suficiente para hacerlo y, a pesar de todo, los encierra. Todo esto
no hace sino generar sufrimiento y amedrentar a quienes no tienen papeles.
Estar
recluido una temporada en un centro llega a ser una experiencia “traumática”
para muchos extranjeros. El internamiento tiene un impacto psicológico muy fuerte en las personas internadas.
Dos meses privado de libertad, sin nada que hacer, sin información sobre las
gestiones y sobre su futuro, sometidos a fortísimas restricciones en su
libertad de movimiento, compartiendo el espacio vital con personas a las que no
conoces de nada...
Hace unos
meses, el gobierno aseguró que iba a priorizar la expulsión de los
inmigrantes con antecedentes judiciales o policiales y que no deportaría a los que
no tienen papeles pero pueden demostrar su arraigo social en España. Un
compromiso que, según afirman organizaciones como el Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM), no se está cumpliendo. Si eso fuera así, no habría tanta gente
internada por mera estancia irregular como ahora. El problema es que se están
equiparando antecedentes policiales con antecedentes penales, afirman desde Pueblos
Unidos, organización perteneciente al SJM.
Los CIE
llevan años siendo denunciados por diversas organizaciones sociales y por la Defensora del Pueblo: malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los
internos. Los internos que son encerrados porque no tienen papeles y los
condenados por algún delito cuya pena es conmutada por la expulsión comparten
las mismas instalaciones.
Actualmente no existe una normativa clara que establezca las pautas de su funcionamiento, y siguen estando regulados por una orden ministerial del año 1999 que otorga las competencias a la Dirección General de la Policía.
Las visitas
de familiares y ONG están limitadas, impide las quejas directas a los jueces,
no garantiza que haya intérpretes y prima las cuestiones de control y
seguridad. Es un régimen carcelario:
a cada persona interna se le asignada un
número que sustituye a su nombre y apellidos hasta que abandona el
recinto. Es un ataque a su dignidad.
Información recogida de eldiario.es y 20Minutos.