José
Antonio Nieto
Profesor
titular de Economía Aplicada (UCM) Asociación Econonuestra (*)
La UE
pide a España más recortes en 2014. Pero nadie menciona
que algunos países europeos acordaron poner en marcha un Impuesto sobre Transacciones
Financieras (ITF), que
aumentará la recaudación fiscal y puede ser una alternativa a los recortes (tan
peligrosos, como innecesarios e injustos). Tal vez nadie lo menciona porque en
España el ITF parece dormir una “dulce siesta”. Veamos qué ofrece este impuesto
y qué hay detrás de él.
En
enero de 2013 once países de la UE (Unión Europea) alcanzaron un acuerdo
para poner en funcionamiento el ITF en 2014. Esos países son Alemania, Austria,
Bélgica, Francia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Italia, Portugal y
España. A ellos podría sumarse Holanda, pero el resto de Estados de la UE se
oponen, en especial Luxemburgo y el Reino Unido. Para salvar esa división, los
países miembros que aprobaron el ITF canalizaron el acuerdo mediante un
procedimiento de cooperación reforzada, que permite llevar a la práctica
ciertas iniciativas cuando hay un número suficiente de Estados que las apoyan,
garantizando que no serán bloqueadas por los países que no las apoyan, y que no
distorsionan el funcionamiento de la UE. Hasta aquí el deseo. Pero la situación
real es distinta.
En
septiembre de 2013 se cumplieron cinco años de la quiebra de Lehman Brothers,
emblema que marcó el inicio oficial de la gran recesión que nos azota. En
aquel momento los líderes de la UE se conjuraron para responder a la crisis,
pero también para evitarlas en el futuro. Hablaron, entre otros temas, de
introducir reformas sustanciales en el sector financiero. Sin embargo, se trata
de “promesas rotas” porque, pese a la mejora en la situación contable de algunos
bancos, no se ha avanzado en una mayor regulación financiera que ayude a evitar
las crisis y haga posible algo lógico y deseable: que la banca colabore en la financiación de las
políticas anticrisis. En realidad, simplificando mucho, el mayor “avance”
logrado en la UE ha empeorado la situación general, ya que el Banco
Central Europeo ha abierto un atajo para los bancos, facilitándoles el
acceso a financiación privilegiada, mientras que el camino se ha hecho mucho más duro, largo
e injusto para el resto de los agentes económicos y para los ciudadanos,
obligados a soportar los efectos de los programas de ajuste y la creciente
desigualdad que provoca la austeridad mal entendida.
En los
últimos años la UE ha discutido y aprobado la introducción de un ITF, que,
según la Comisión Europea, permitirá que “el sector financiero aporte una
contribución más equitativa, habida cuenta de los costes que genera la lucha
contra la crisis, y de la escasa tributación a la que está sujeto actualmente
este sector”. Además, se ha previsto que un parte de la recaudación del ITF
complete los recursos propios del presupuesto comunitario. Francia, en 2012, e
Italia, en marzo de 2013, ya establecieron un ITF. Otros países no
pertenecientes a la UE tienen figuras fiscales similares. Pero la mayoría de
las naciones europeas o rechazan la propuesta o aún no la han aplicado.
Incluso, en algún caso, como España, el ITF ha decidido echarse una siesta,
puesto que pasó por el Congreso de los Diputados, donde la mayoría
parlamentaria rechazó las enmiendas presentadas, y ahora el ITF está pendiente de debate en el
Senado, de donde saldrá tardíamente y algo “somnoliento”. Es decir,
probablemente salga del Senado sin posibilidades de ser incluido en los
Presupuestos Generales del Estado para 2014, lo que supondría posponer su aplicación,
retrasando los ingresos generados por ese impuesto, su efecto regulador sobre
algunas transacciones financieras y su capacidad (relativa) para limitar
(algunos) movimientos especulativos. ¿Estamos ante un caso más de “quiero y no
puedo”, o de puedo pero no quiero? ¿Es el dilema de no pocos políticos cuando tocan el sector financiero? ¿O es el
sector financiero el que toca la música y marca el ritmo de baile?
Lo cierto es que las directivas comunitarias ofrecen flexibilidad para su
aplicación en cada país, y eso deja abiertos más flecos de los que inicialmente
había.
La propuesta de directiva, de
septiembre de 2011, revisada en febrero de 2013, para introducir un ITF en la
UE no coincide técnicamente con lo que conocemos como la “Tasa Tobin”, puesto
que su objetivo no es gravar los movimientos internacionales en divisas ni
dedicar ese dinero a ayuda al desarrollo. Lo que se pretende es gravar ciertos
movimientos financieros en algunos países, para
regular mejor los sistemas
financieros y aumentar la
recaudación. Esto último es importante, dado que a menudo, como sucede en
España, la presión fiscal sobre las rentas de capital está por debajo del 15%,
cifra claramente inferior a la que soporta una familia media española. Y no hay ningún motivo para ocultar que los
equilibrios presupuestarios también pueden alcanzarse mejorando la recaudación,
es decir, aumentando la presión fiscal sobre quienes tienen que pagar más en función de sus
niveles de renta, además de combatir el fraude, algo que no es ajeno a los
privilegios del sector financiero, entre otros la menor fiscalidad indirecta
que soporta. Por supuesto, regular mejor los sistemas financieros también es un
aspecto esencial del ITF, ya que uno de sus propósitos es desincentivar los movimientos de capital a muy corto
plazo. Pero aún quedan dudas sobre cómo se aplicará, cuáles serán sus efectos extraterritoriales
y qué mecanismos se arbitrarán para reducir los procesos de “deslocalización”
financiera. Aunque existe un amplio acuerdo aparente (incluso en el G-20) sobre las
ventajas generales que reporta el ITF, la sensación es que puede retrasarse y
rebajar su impacto final.
Según la
Comisión Europea, la introducción de los tipos impositivos previstos, que
podrían oscilar entre el 0,01% para los derivados (financieros) y el 0,1% para
las acciones y bonos, reportaría unos ingresos
adicionales de al menos
37.000 millones de euros, de los cuales 5.000
millones se recaudarían en España. Eso permitiría disponer de fondos
adicionales para sanidad y educación, sin tener que escuchar de nuevo el cuento de que la crisis obliga a hacer
recortes, por ejemplo “de 2.500 millones de euros”, porque la UE así lo ha estimado “al analizar el incumplimiento de
las metas de déficit”. Podría
evitar más recortes, y tal vez evitaría seguir atentando contra el bienestar,
los servicios públicos y las condiciones laborales y salariales. Pero en
España, y en otros países, el ITF está pendiente de aclarar diversas cuestiones
relativas a la flexibilidad en su aplicación, para intentar evitar situaciones
de bloqueo, incluso jurídicas, que podrían producirse tanto en la UE y sus países
como en otras instancias.
La lógica
del impuesto, así concebido, requiere que la mayoría de las operaciones en los
mercados primarios queden fuera del ámbito de aplicación del ITF, para no
dificultar la financiación de las Administraciones Públicas y las empresas.
También estarían exentas la mayoría de las actividades financieras cotidianas
en las que participan las personas físicas y las empresas de carácter no
financiero, como es el caso de los contratos de seguros, préstamos hipotecarios,
créditos al consumo y servicios de pago, aunque sí estaría gravada su
negociación posterior como productos estructurados. Según lo establecido, el
ITF se basará en los principios de residencia y de emisión, con el fin
de reducir riesgos de evasión
y deslocalización, y gravará las transacciones financieras en las que
intervenga una institución financiera domiciliada en un país miembro (incluyendo fondos
de inversión, de pensiones y de seguros). Además, se aplicará a operaciones
realizadas tanto en mercados organizados como no organizados, por lo que quedarán
sujetas a gravamen las transacciones relacionadas con todo tipo de activos financieros.
¿Suena
más bonito de lo que cabía esperar, o, por el contrario, parece poco frente a
los gigantes financieros globalizados? Tal vez por esa compleja ubicación en la
intersección entre la política y la economía, entre los nacional y lo global,
entre el sector financiero y el resto de actividades económicas y sociales, el
ITF puede despertarse anestesiado, con un ámbito de aplicación menor, con tipos
impositivos aún más bajos, y sin capacidad de afrontar los retos previstos, en
particular, combatir el fraude y
los paraísos fiscales, exigir
solidaridad al sector financiero
para afrontar la actual recesión y contribuir a que las finanzas no desestabilicen aún
más el precario “equilibrio” que impone esta globalización. No obstante, conviene
sumar fuerzas e insistir en esta batalla: el ITF puede contribuir a mejorar la
regulación financiera, la recaudación y la equidad en la UE y sus países. En
enero de 2013 nuestro gobierno se comprometió a aplicar un ITF en España. Se
supone que el sector financiero se está “preparando” para ello. A los ciudadanos,
al menos, tendrían que explicarnos qué efectos tendrá, cómo se aplicará,
cuándo, y con qué características y excepciones. ¿Es mucho pedir? ¿O es preferible exigir un aumento de la presión fiscal sobre
las actividades del sector financiero, como primer
paso para intentar evitar un
deterioro aún mayor de las condiciones salariales y laborales, y frenar la
virulencia de los ataques contra el Estado y el bienestar en España y Europa?
(*) econonuestra.org